Enviados del papa Francisco a Chile coincidieron este miércoles con el fiscal general del país en la “necesidad absoluta” de la cooperación entre la Iglesia y el Estado chileno para la investigación de abusos de menores por parte del clero. Hora antes, la policía allanaba la sede del Tribunal Eclesiástico de Santiago y del obispado de Rancagua e incautaba documentos.

La Justicia chilena se apoderó así de archivos eclesiásticos en busca de antecedentes tras las denuncias de abuso sexual a menores que remecen a la Iglesia católica en el país suramericano.

Escándalo por el cual todos los obispos chilenos pusieron a disposición del papa su renuncia días atrás. El pontífice aceptó la dimisión de una de las figuras más polémicas del caso, el obispo de Osorno, Juan Barros, acusado de ocultar casos de pedofilia.

Los enviado del Papa se reúnen con el fiscal general de Chile, Jorge Abott en Santiago./ AFP

Los enviado del Papa se reúnen con el fiscal general de Chile, Jorge Abott en Santiago.

La acción judicial -de carácter sorpresivo, de acuerdo a la Iglesia católica chilena- tuvo lugar en momentos en que visitan Chile el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y monseñor Jordi Bertomeu, enviados por el papa por segunda vez para escuchar testimonios de víctimas de abusos sexuales.

“Se trata de diligencias simultáneas tanto en Santiago como en Rancagua”, confirmó a periodistas el fiscal regional, Emiliano Arias, quien se declaró “satisfecho con el resultado de la diligencia”.

El fiscal Arias explicó que el allanamiento constituye un “hito” fundamental en el marco de una investigación mayor a miembros de la Iglesia que han cometido delitos contra menores, pero aclaró que ésta “no es una investigación en contra de la Iglesia católica” en su conjunto, remecida por una serie de denuncias de abusos sexuales.

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